Canadá

La revisión del USMCA cobra gran importancia en medio de las tensiones comerciales y el impulso a la diversificación

Se prevé que las negociaciones comerciales entre Canadá y EE. UU. se vean condicionadas por ciclos intermitentes de escalada y distensión en el período previo a las conversaciones de revisión del USMCA en julio de 2026. El acuerdo ha sido fundamental para que Canadá siga siendo una de las jurisdicciones con menores aranceles, ya que las exportaciones que cumplen con sus disposiciones (el 85 % del total) están exentas de la mayor parte del régimen arancelario de la Administración Trump (incluidos los aranceles específicos por país de la IEEPA y determinados aranceles sectoriales, como los de la sección 232 sobre vehículos y recambios de automóvil) en el momento de redactar este informe. Sin embargo, esto puede cambiar a medida que EE. UU. ejerza una mayor presión de cara a julio de 2026, especialmente si Canadá se mantiene firme en su postura de mano dura. Nuestra hipótesis de trabajo es que el acuerdo se mantendrá, aunque es más difícil determinar si será en forma de una prórroga completa (de 2036 a 2042) o si estará sujeto a otra revisión en 2027. Es probable que EE. UU. exija un mayor acceso al mercado para los productos lácteos, las aves de corral y los huevos, así como requisitos más estrictos de contenido estadounidense o regional, lo que resultará difícil de vender a la opinión pública nacional.

Paralelamente, Canadá proseguirá sus esfuerzos por reequilibrar el comercio exterior hacia una mayor diversificación geográfica. El estrechamiento de los lazos con Europa será lo más sencillo de llevar a cabo, aprovechando al máximo el Acuerdo Económico y Comercial Global. Sin embargo, la relación con China se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la demanda china de GNL será clave para diversificar el comercio energético. No obstante, es probable que EE. UU. espere que Canadá reproduzca su postura proteccionista frente a China. No sería la primera vez que Canadá se ve atrapado en el fuego cruzado entre China y EE. UU. El hecho de que Canadá imitara los aranceles de 2024 de la Administración Biden sobre los vehículos eléctricos llevó a China a tomar represalias con aranceles sobre las exportaciones agrícolas. Además, los aranceles de amplio alcance que México impuso a China en septiembre de 2025 sentaron un precedente. Por otra parte, se están logrando avances en la normalización de las relaciones con la India, que se habían deteriorado notoriamente tras el asesinato de un líder sij exiliado en territorio canadiense en 2023.

El primer ministro Mark Carney, del Partido Liberal de centroizquierda (170 de 343 escaños), encabeza un frágil gobierno en minoría que depende del apoyo puntual del regionalista Bloque Quebequense (22) y del Partido Nuevo Democrático de izquierdas (7). Los gobiernos en minoría son relativamente habituales en Canadá y, por el momento, es probable que la ciudadanía castigue a cualquier partido que amenace la continuidad y la estabilidad. Sin embargo, con las próximas elecciones federales previstas para 2029, la convocatoria de elecciones anticipadas es un riesgo que conviene vigilar.

La incertidumbre comercial sigue lastrando una economía con un rendimiento por debajo de lo esperado

Gracias a la exención del USMCA, el tipo arancelario observado de Canadá es el más bajo entre los principales socios comerciales de EE. UU. (3 %, frente al 10 % de la media mundial). Sin embargo, algunos sectores específicos y especialmente afectados están sufriendo un grave perjuicio, como los de la automoción, el acero y el aluminio, y la madera. Lo que es más importante, la perspectiva de una escalada continuada de la guerra comercial y de un colapso del USMCA está provocando una actitud de espera entre consumidores e inversores. Las exportaciones a EE. UU. representan el 76 % del total y el 20 % del PIB. Aunque la economía está evitando por poco una recesión técnica, se prevé que su rendimiento se sitúe por debajo de su potencial por segundo año consecutivo. Además, el actual exceso de oferta mundial de petróleo debería mantener a raya los precios de exportación. Las regiones se ven afectadas de forma desigual por la guerra comercial: Ontario y Quebec se resienten por su dependencia de los sectores del automóvil y los metales, mientras que las regiones especializadas en industrias extractivas (Alberta, Saskatchewan) están mejor protegidas.

Dado que el impacto de la guerra comercial es selectivo y no generalizado, las repercusiones en el sector de los servicios y en el mercado laboral en general han sido limitadas hasta ahora. El turismo interno se ha beneficiado de que los canadienses hayan reducido en un 30 % sus viajes al sur. La contribución del consumo interno debería ser positiva, aunque modesta en términos históricos, limitada por el debilitamiento del crecimiento demográfico. Estimamos que el desempleo ha alcanzado su punto máximo y se espera que disminuya, aunque se mantendrá elevado para los estándares de la última década, por encima del 6 %. Debido al repunte concentrado de las exportaciones a principios de 2025, 2026 debería ser el primer año completo en el que las exportaciones se vean frenadas. Por el contrario, no prevemos aranceles de represalia significativos adicionales por parte de EE. UU. y, por lo tanto, vemos poco margen para que las importaciones disminuyan aún más. Por ello, esperamos que la contribución de las exportaciones netas siga siendo negativa. Se prevé que el impulso de la inversión residencial se acentúe en 2026, respaldado por los programas gubernamentales de medidas en materia de vivienda (ampliación de la vivienda pública, desregulación de la zonificación y la concesión de licencias) y la disminución de los costes de financiación. El notable impulso a la inversión en infraestructuras públicas proporcionará una amplia cartera de proyectos (gasoductos de GNL, ampliación del puerto de Quebec, central nuclear de Darlington) que respaldará la inversión no residencial. La inflación debería mantenerse cerca del 2 %, con un ligero repunte en el segundo trimestre de 2026 a medida que disminuya el efecto temporal de la eliminación del impuesto federal sobre los combustibles. Se espera que el banco central mantenga los tipos de interés prácticamente constantes, con una postura ligeramente acomodaticia o neutral.

Déficits gemelos: el precio de la guerra comercial

El marco fiscal para 2026 y años posteriores está fuertemente condicionado por la necesidad de diversificar el modelo de crecimiento del país, alejándolo de las exportaciones a EE. UU. Se prevé que el gasto de capital aumente hasta el 1,4 % del PIB en 2026, y hasta el 1,6-1,7 % en el periodo 2027-2030; frente a una media del 1 % en el período 2020-2025. Estas iniciativas tienen como objetivo principal reforzar la defensa y la base industrial, construir viviendas, hospitales e infraestructuras de transporte, así como ofrecer incentivos fiscales para la inversión privada en capital (amortización, subvenciones a I+D). Para compensar en parte este impulso, el presupuesto pretende recortar drásticamente el gasto operativo, centrándose principalmente en reducir la plantilla de la función pública desde el máximo reciente de 368 000 empleados en 2024 hasta 330 000 en 2029. Se prevé que los ministerios (excluidos los de Defensa, Policía y Seguridad Fronteriza) sufran recortes del 7,5 % en 2026-27, que se incrementarán hasta el 10 % en 2027-28 y alcanzarán el 15 % en 2028-29. Sin embargo, esto solo debería suponer un ahorro equivalente al 1,8 % del PIB de 2025 a lo largo de cinco años, frente a un 5 % del PIB en gastos adicionales, lo que prácticamente duplicará la magnitud de los déficits presupuestarios a corto plazo en comparación con la configuración política anterior. Los riesgos derivados de este apalancamiento se ven sustancialmente mitigados por las reservas de activos líquidos.

La guerra comercial, el aumento de la demanda de inversión y la caída de los precios de las materias primas están ejerciendo una presión a la baja sobre la balanza por cuenta corriente, que debería empeorar ligeramente. No se espera que las exportaciones de bienes se recuperen de forma significativa hasta finales de 2026, y el gasto en infraestructuras y defensa generará importantes necesidades de importación de maquinaria y equipo. Sin embargo, se espera que el déficit de servicios mejore y se acerque al equilibrio, gracias a la mejora del saldo neto del turismo. La deuda externa bruta es bastante elevada (145 % del PIB), pero la posición de inversión internacional neta presenta un superávit sólido, del 61 % del PIB.

Pago

En todo Canadá rige una única ley que regula las letras de cambio, los pagarés y los cheques; sin embargo, esta ley se interpreta con frecuencia según los precedentes del derecho consuetudinario en las nueve provincias o según el Código Civil de Quebec. Por ello, se recomienda a los vendedores que acepten estos métodos de pago, salvo en los casos en que se hayan establecido relaciones comerciales a largo plazo con los compradores, basadas en la confianza mutua.

En Canadá también se utilizan las cuentas centralizadas, que simplifican enormemente el proceso de liquidación al centralizar los procedimientos de liquidación entre compradores y vendedores con sede local.

Las transferencias bancarias SWIFT son el método de pago más utilizado para las transacciones internacionales. La mayoría de los bancos canadienses están conectados a la red SWIFT, lo que ofrece un medio de pago rápido, fiable y rentable, a pesar de que el pago depende de la buena fe del cliente, ya que solo el emisor toma la decisión de ordenar el pago.

El Sistema de Transferencias de Gran Valor (LVTS), introducido por la Asociación Canadiense de Pagos en febrero de 1999, es un sistema de transferencia electrónica de fondos en tiempo real que facilita las transferencias electrónicas de dólares canadienses en todo el país y también puede gestionar la parte canadiense de las operaciones internacionales.

La carta de crédito (L/C) también se utiliza con frecuencia.

Cobro de deudas

La Ley Constitucional de Canadá de 1867, modificada en abril de 1982, divide la autoridad judicial entre el Gobierno federal y los gobiernos provinciales. Por lo tanto, cada provincia es responsable de administrar la justicia, organizar los tribunales provinciales y promulgar las normas de procedimiento civil aplicables en su territorio. Aunque los nombres de los tribunales varían de una provincia a otra, se aplica el mismo sistema jurídico en todo el país, salvo en Quebec.

Dentro de cada provincia, los tribunales provinciales conocen de la mayoría de los litigios de todo tipo relacionados con reclamaciones de escasa cuantía, mientras que los tribunales superiores se ocupan de las reclamaciones de mayor cuantía; por ejemplo, el Tribunal Superior de Quebec conoce de los litigios civiles y mercantiles que superen los 70 000 CAD y de los juicios con jurado en causas penales. Los tribunales superiores canadienses constan de dos divisiones distintas: un tribunal de primera instancia y un tribunal de apelación.

A nivel federal, el Tribunal Supremo de Canadá, con sede en Ottawa, y únicamente con la «autorización» del propio Tribunal (la autorización se concede si el caso plantea una cuestión jurídica importante), conoce de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación provinciales o por el Tribunal Federal de Canadá (en su sección de apelación), que tiene competencia especial en asuntos relacionados con el derecho marítimo, inmigración, aduanas e impuestos especiales, propiedad intelectual, litigios entre provincias, etc.

El proceso de cobro comienza con la emisión de un aviso definitivo, o «carta de los siete días», en el que se recuerda al deudor su obligación de pagar, junto con las penalizaciones por intereses acordadas contractualmente.

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

Las acciones judiciales ordinarias —aunque la terminología utilizada para describirlas pueda variar dentro del país— se desarrollan en tres fases.

En primer lugar, la «citación judicial», mediante la cual el demandante presenta su demanda contra el demandado ante el tribunal; a continuación, la «audiencia de instrucción», en la que se exponen los fundamentos de la demanda contra el demandado y se tienen en cuenta las pruebas que cada parte presentará ante el tribunal; y, por último, el «juicio propiamente dicho», durante el cual el juez oye a las partes contrarias y a sus respectivos testigos, que son sometidos a interrogatorio y contrainterrogatorio por parte de sus respectivos abogados, con el fin de aclarar los hechos del caso antes de dictar sentencia.

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Ejecución de una resolución judicial

En la mayoría de los casos, salvo que el juez decida lo contrario, cada parte está obligada a asumir la totalidad de los honorarios de su propio abogado, independientemente del resultado del procedimiento. En cuanto a las costas judiciales, la norma establece que la parte ganadora puede exigir su pago a la parte perdedora sobre la base de una relación de gastos debidamente aprobada por el secretario judicial.

El cambio se refiere precisamente a la instauración de una «solicitud de inicio de procedimiento» (requête introductive d’instance) estándar, a la que se añade el pago de las costas judiciales, y que introduce un plazo de 180 días en el que debe programarse el procedimiento para la «investigación y las audiencias» (pour enquête et audition), la emisión de una sentencia sobre el fondo en un plazo de seis meses tras la vista del caso y el fomento de que las partes se sometan a una fase de conciliación durante el proceso judicial, en la que el juez preside una «reunión de conciliación» (conférence de règlement à l’amiable).

Procedimientos de insolvencia

Las dos principales leyes relacionadas con la insolvencia en Canadá son la Ley de Acuerdos con los Acreedores de las Empresas (CCAA) y la Ley de Quiebras e Insolvencia (BIA). La BIA es la principal ley federal de Canadá aplicable a las quiebras y la insolvencia. Regula tanto las liquidaciones por quiebra voluntarias como las involuntarias, así como las reorganizaciones de los deudores. La CCAA es una ley complementaria especializada, diseñada para ayudar a las grandes empresas a reorganizar sus asuntos mediante un proceso en el que el deudor conserva la posesión de sus activos.

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Última actualización: diciembre de 2025