Uruguay

Desaceleración del dinamismo económico en 2026

En 2026, se prevé que el crecimiento del PIB se ralentice aún más. La débil actividad del cuarto trimestre de 2025 dejó un pequeño efecto estadístico negativo que se prolongará hasta 2026 (-0,1 %). El consumo de los hogares —que representó el 63 % del PIB en 2025— debería seguir siendo el principal motor del crecimiento, aunque a un ritmo más moderado. La relajación de las condiciones crediticias (el banco central ha recortado el tipo de interés oficial en 575 puntos básicos desde abril de 2023, situándolo en el 5,75 % en abril de 2026) y un mercado laboral favorable respaldan el consumo. Sin embargo, se espera que la inflación se acelere gradualmente a lo largo del año desde los niveles muy bajos registrados a principios de 2026, debido en gran medida al aumento de los precios de la energía vinculado al conflicto en Oriente Medio. La duración incierta de las tensiones geopolíticas aumenta el riesgo de efectos de segunda ronda sobre la inflación, lo que podría llevar al banco central a endurecer su política monetaria, invirtiendo así su actual postura expansiva (el banco central estima que el tipo de interés real neutral se sitúa en el 2,5 %). La inversión (16 % del PIB) se ha mostrado débil en los últimos años, registrando un ligero aumento de solo el 0,3 % en 2025, tras la finalización de importantes proyectos de infraestructura en 2023-2024, entre los que se incluyen la segunda planta de celulosa de UPM y el Ferrocarril Central. En 2026 —el primer año completo del Gobierno de Orsi— la inversión debería mejorar ligeramente, respaldada por la baja base de comparación, aunque las perspectivas se ven lastradas por un entorno externo más incierto y una menor rentabilidad prevista en el sector agrícola. Las iniciativas públicas y multilaterales podrían aportar apoyo: en noviembre de 2025, el BID aprobó un programa de mejora de la red viaria por valor de 675 millones de dólares, al que siguió en diciembre una línea de crédito condicional de 500 millones de dólares para modernizar el transporte metropolitano de Montevideo. En abril de 2026, el Gobierno también anunció un plan de infraestructuras de 2.600 millones de dólares para el periodo 2025-2029, que incluye alrededor de 50 licitaciones, de las cuales se prevé que el 40 % se lance en 2026-2027. La estrategia se basa en la inversión privada, las concesiones y los acuerdos de colaboración público-privada (PPP). Además, está previsto que las obras del proyecto de hidrógeno verde y combustibles sintéticos de HIF Global, por valor de 5.3 mil millones de dólares, en Paysandú comiencen en el segundo semestre de 2026 y finalicen en 2029. Por su parte, se prevé que el gasto público (el 17 % del PIB) crezca a un ritmo similar al de 2025, ya que el Gobierno mantiene un gasto social de apoyo al tiempo que pospone la consolidación fiscal.

Se prevé que el crecimiento de las exportaciones se ralentice, como reflejo de una menor demanda mundial, especialmente en Brasil, China y Estados Unidos. En este último mercado, el arancel medio de importación de los productos uruguayos alcanzó el 12,2 % en marzo de 2026. En cuanto a la cesta de exportaciones, los productos agrícolas y la industria agroalimentaria representan alrededor del 70 % de las exportaciones de Uruguay. Si bien la fuerte demanda externa y los altos precios deberían respaldar las exportaciones de carne, es probable que su contribución positiva al rendimiento global de las exportaciones este año se vea parcialmente contrarrestada por unas exportaciones de cereales más débiles, ya que se espera que los rendimientos disminuyan debido a las condiciones de sequía registradas a finales de 2025 y principios de 2026.

De cara al futuro, es probable que las condiciones climáticas cambien, ya que se prevé el regreso de El Niño en la segunda mitad de 2026. En Uruguay, este fenómeno suele ir acompañado de precipitaciones superiores a la media, lo que —si se producen en el momento oportuno y no son excesivas— podría beneficiar a la cosecha de cereales de 2026-2027. Un aumento de las precipitaciones también favorecería la generación de electricidad, ya que la energía hidroeléctrica representa alrededor del 55 % del mix energético. Por último, la apreciación real del peso argentino en lo que va de año debería impulsar las entradas de turismo.

Ampliación moderada de los déficits gemelos

Se prevé que el déficit por cuenta corriente se amplíe moderadamente, impulsado por una reducción del superávit comercial (en torno al 3 % del PIB). Se prevé que el crecimiento de las importaciones supere al de las exportaciones, lo que refleja la condición del país como importador neto de energía, con un déficit energético equivalente a aproximadamente el 1,8 % del PIB. En consecuencia, la balanza comercial se verá afectada por el fuerte aumento de los precios internacionales de la energía tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. En cuanto al superávit de servicios (1,7 % del PIB), se espera que se mantenga prácticamente estable. El superávit en servicios como las TIC, el desarrollo de software y la externalización de procesos empresariales debería mantenerse sólido, mientras que la balanza de viajes se beneficiará del aumento de las entradas turísticas. Sin embargo, es probable que el déficit de transporte se amplíe debido al aumento de los costes de transporte de mercancías. Por último, se prevé que el elevado déficit de la renta primaria (-5,2 % del PIB) mejore ligeramente, respaldado por una menor repatriación de dividendos por parte de los inversores extranjeros en un contexto de menor actividad interna. En general, a pesar de un déficit exterior algo mayor, las condiciones de financiación deberían seguir siendo favorables, y la inversión extranjera directa seguirá desempeñando un papel clave. Además, el país mantiene un sólido colchón exterior, con unas reservas de divisas que alcanzaron los 19 100 millones de dólares en mayo de 2026, lo que equivale a más de 17 meses de cobertura de las importaciones. La deuda externa se situó en el 57,5 % del PIB a finales de 2025, de la cual el 57 % es pública y el 43 % privada. Uruguay también presenta una posición de inversión internacional neta negativa (–22,1 % del PIB a fecha del cuarto trimestre de 2025). No obstante, los riesgos asociados se ven mitigados por la composición de los pasivos externos, ya que una parte significativa consiste en inversión extranjera directa (los pasivos netos por IED ascienden a 31 750 millones de dólares, es decir, el 37 % del PIB), lo que reduce la probabilidad de salidas repentinas de capital.

El presupuesto para el período 2025-2029, presentado en agosto de 2025, preveía que la ratio del déficit público respecto al PIB se mantuviera prácticamente estable en 2026, aplazándose la consolidación fiscal hasta 2027. No obstante, se prevé que el déficit se amplíe ligeramente en 2026, a pesar de la introducción de nuevas medidas fiscales. Entre ellas figuran un impuesto mínimo nacional para las multinacionales alineado con el mínimo global de la OCDE, la tributación de las plusvalías extranjeras y la ampliación del IVA a las pequeñas importaciones por mensajería. Este deterioro previsto refleja una dinámica de ingresos más débil, ya que es probable que la recaudación fiscal se vea frenada por una menor actividad económica nacional. Cabe destacar que el presupuesto se basa en una hipótesis de crecimiento del PIB relativamente optimista, del 2,2 % para 2026, lo que sobreestima las perspectivas de ingresos. Al mismo tiempo, se prevé que el aumento de los gastos obligatorios, como el gasto en seguridad social, haga que el gasto público total siga creciendo más rápido que los ingresos. En cuanto a la financiación, Uruguay sigue beneficiándose de condiciones favorables. El país disfruta de unos de los costes de financiación más bajos de América Latina y mantiene un perfil de vencimiento de la deuda a largo plazo, con un vencimiento medio de alrededor de 11,9 años en 2025. Esto contribuye a reducir los riesgos de refinanciación y la vulnerabilidad general. Además, la proporción de deuda pública denominada en moneda local se ha mantenido prácticamente estable durante la última década, situándose en torno al 56 % en 2025. La deuda pública también está en gran parte en manos de residentes (el 53 %, frente al 47 % de los no residentes), y se compone principalmente de bonos (88 %) y de acreedores multilaterales y de otro tipo (12 %).

El Gobierno de Orsi introducirá cambios en el sistema de pensiones y apuesta por el multilateralismo en el ámbito exterior

Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA —izquierda—), asumió el cargo el 1 de marzo de 2025 para un mandato de cinco años tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Su victoria supuso el regreso al poder del FA, que gobernó el país durante 15 años antes de que el presidente Lacalle Pou (2020-2025), del Partido Nacional (PN, de centro-derecha), asumiera el cargo. La coalición FA cuenta con mayoría en el Senado, con 16 de los 30 escaños (el PN tiene nueve escaños). Sin embargo, su representación es menor en la Cámara Baja (48 de 99 escaños, frente a los 29 escaños del PN), lo que obliga al Gobierno a negociar con los demás partidos para aprobar reformas. Además, el Gobierno está compuesto por una coalición ideológicamente diversa, lo que dificulta la consecución de consensos. El Movimiento de Participación Popular, la principal fuerza dentro de la coalición de Gobierno, tiende a adoptar un enfoque más pragmático, mientras que el Partido Socialista y el Partido Comunista defienden posiciones más de izquierdas. Como resultado, tras un año de mandato de Orsi, no se ha aprobado ninguna reforma importante. Una cuestión clave en la agenda política actual es el sistema de pensiones, que ha vuelto a ser objeto de debate después de que los votantes rechazaran, en un referéndum de 2024 respaldado por los sindicatos, una propuesta para nacionalizar el sistema de pensiones. El sistema actual se basa en un modelo mixto, que combina el organismo público de seguridad social (BPS) con fondos de pensiones privados (conocidos como AFAP), que gestionan más de 25 000 millones de dólares para alrededor de 1,7 millones de personas. El partido gobernante había hecho campaña a favor de la reforma del sistema de seguridad social durante las elecciones presidenciales de 2024. El año anterior, durante el mandato de Lacalle Pou, los legisladores habían aprobado una ley para elevar progresivamente la edad mínima de jubilación a los 65 años. El 28 de abril de 2026, el poder ejecutivo presentó el informe final del Diálogo Social, un documento de trabajo de ocho meses de duración que reunió a actores políticos, sociales y académicos para recopilar propuestas que servirán de base para futuras reformas del sistema de protección y seguridad social. Uno de los principales puntos de consenso alcanzados en el proceso es la priorización de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia. En el ámbito de las pensiones, se descartaron cambios estructurales —como la eliminación de las AFAP (administradoras de fondos de ahorro para la jubilación) o la nacionalización de los fondos de pensiones—. Al mismo tiempo, el Gobierno anunció su intención de crear una nueva opción de jubilación anticipada que permita a las personas jubilarse a partir de los 60 años, al tiempo que se mantiene la edad legal de jubilación en los 65 años. Esta opción estaría dirigida especialmente a los trabajadores con rentas más bajas, garantizando unos niveles mínimos de pensión a través de mecanismos de apoyo solidarios. La mayoría de las propuestas requerirán aprobación legislativa, lo que significa que el Gobierno pasará ahora a redactar proyectos de ley y a iniciar negociaciones políticas en el Parlamento.

En cuanto al comercio exterior, Uruguay es miembro del Mercosur y el presidente Orsi apoya el fortalecimiento del bloque, incluida la ampliación del acceso a nuevos mercados. Un avance clave es el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, que entró en vigor el 1 de mayo de 2026 con carácter provisional, ya que aún está pendiente la aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo tras su remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en enero de 2026. En virtud del acuerdo, el Mercosur eliminará gradualmente las barreras comerciales en alrededor del 90 % de las líneas arancelarias a lo largo de 15 años. A cambio, la UE liberalizará una proporción similar de las importaciones y reducirá los aranceles sobre los productos agrícolas mediante contingentes que se ampliarán durante los próximos cinco años. El acuerdo también aborda las barreras no arancelarias mediante la promoción de medidas como procedimientos aduaneros simplificados y armonizados. Uruguay exporta actualmente aproximadamente 1 200 millones de dólares estadounidenses en mercancías a la UE, principalmente productos como pasta de papel, carne de vacuno, arroz, madera y lana. Entre los principales destinos se encuentran los Países Bajos —que actúan como centro logístico—, junto con Italia, Alemania y España. Además, la inversión extranjera directa constituye otro pilar fundamental de la relación. La UE representa aproximadamente el 46 % del stock total de IED de Uruguay, lo que equivale a unos 17 000 millones de dólares, sobre todo en los sectores de la pasta de papel, los servicios financieros y de seguros, la agricultura y las actividades inmobiliarias. Aunque el acuerdo no incluye un capítulo específico sobre inversión, se espera que actúe como catalizador de nuevos flujos de inversión. Como parte de la estrategia multilateral más amplia del Gobierno, Uruguay también ha reforzado sus lazos con China. En febrero de 2026, Orsi realizó una visita de Estado al gigante asiático para profundizar las relaciones bilaterales y ampliar el acceso al mercado. La visita culminó con la firma de más de diez acuerdos de cooperación en ámbitos como el comercio, la ciencia y la tecnología. A pesar de estos vínculos más estrechos con China, Uruguay ha tratado de evitar tensiones con EE. UU. En abril de 2026, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, viajó a Washington para participar en las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Durante la visita, también se reunió con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. para abordar las relaciones bilaterales. Según el ministro, varias empresas estadounidenses están evaluando actualmente a Uruguay como posible sede para proyectos de inteligencia artificial.

2023

2025

Crecimiento del PIB (%)

3,3

Última actualización: mayo de 2026