Noruega

Crecimiento estable en los sectores público y privado

A lo largo de 2027, se prevé que la economía de Noruega siga creciendo a un ritmo moderado, al igual que en 2026, respaldada por un mercado laboral resistente, el aumento de los salarios reales y un consumo de los hogares que sigue siendo sólido. Aunque la confianza de los consumidores se ha debilitado en un contexto de mayor incertidumbre mundial y de una inflación persistentemente elevada, los hogares siguen beneficiándose de unas condiciones laborales sólidas, el aumento de los salarios y la mejora del poder adquisitivo. Las medidas de apoyo del Gobierno, incluidos los programas en curso relacionados con la energía, deberían contribuir aún más a amortiguar el impacto de las perturbaciones externas sobre la demanda interna.

No obstante, persisten los riesgos a la baja, ya que la economía está experimentando ciertas tendencias estanflacionistas. La inflación ha resultado más persistente de lo esperado, superando el 3 % en un momento dado de 2026, mientras que el crecimiento salarial sigue siendo elevado debido a las condiciones de escasez en el mercado laboral. Es probable que estos factores frenen el ritmo de la flexibilización monetaria, lo que mantendrá los costes de financiación relativamente altos para los hogares y las empresas. En consecuencia, la actividad inversora y los sectores más sensibles a los tipos de interés podrían seguir enfrentándose a dificultades. Además, el entorno externo incierto, incluidas las tensiones geopolíticas y la ralentización del crecimiento entre los principales socios comerciales, podría lastrar las exportaciones noruegas y la confianza empresarial.

Las insolvencias empresariales han disminuido significativamente durante los primeros meses de 2026, registrando una caída interanual de alrededor del 15 %. Sin embargo, es poco probable que esta mejora se mantenga a lo largo del período de previsión. A medida que las presiones sobre los costes siguen aumentando y la demanda se modera, los niveles de insolvencia han comenzado a repuntar gradualmente en 2026. Se espera que esta tendencia continúe en 2027. Es probable que el aumento de los costes laborales, los elevados gastos de financiación y la presión continua sobre los márgenes afecten especialmente a las empresas vulnerables. Sectores como la hostelería, el transporte y los servicios a empresas ya han mostrado signos de deterioro, mientras que las industrias orientadas a la exportación y con un uso intensivo de energía se enfrentan a riesgos crecientes debido a una menor demanda externa y al aumento de los costes operativos. A pesar de estos retos, se espera que el nivel general de insolvencias se mantenga, en líneas generales, en consonancia con las normas históricas.

Saldo de la balanza de pagos respaldado por los ingresos procedentes de los hidrocarburos

Se prevé que la posición exterior de Noruega se mantenga excepcionalmente sólida en 2027, respaldada por unas exportaciones sustanciales de hidrocarburos y unos rendimientos considerables de las inversiones en el extranjero. Aunque es probable que el superávit por cuenta corriente se reduzca ligeramente a medida que los precios de la energía se moderen y la demanda de importaciones se mantenga estable, seguirá caracterizándose por un amplio superávit de bienes impulsado por las exportaciones de petróleo y gas. Se prevé que la balanza de servicios siga registrando un déficit, lo que refleja la dependencia de Noruega de los servicios importados de transporte, viajes y negocios. Sin embargo, esto se verá más que compensado por una sólida balanza de rentas, respaldada por los rendimientos de la amplia cartera de activos extranjeros de Noruega, en particular el Fondo de Pensiones del Estado Global, el mayor fondo soberano del mundo.

También se prevé que la situación fiscal de Noruega siga estando entre las más sólidas a nivel mundial. Aunque se prevé que el gasto público siga aumentando, impulsado por el gasto en defensa, los compromisos en materia de bienestar social y las medidas específicas destinadas a proteger a los hogares y las empresas del aumento de los costes, las finanzas públicas seguirán beneficiándose de los sustanciales ingresos relacionados con el petróleo y de los rendimientos de las inversiones del fondo soberano. En consecuencia, se prevé que el Gobierno mantenga un superávit presupuestario considerable, mientras que la deuda pública se mantendrá baja y estable según los estándares internacionales. No obstante, la economía subyacente del territorio continental seguirá dependiendo de las transferencias procedentes de los ingresos generados por el petróleo, lo que pone de relieve la importancia que sigue teniendo el sector del petróleo y el gas para la solidez fiscal general de Noruega.

Equilibrar la seguridad energética con la transición ecológica

En las elecciones generales de septiembre de 2025, el Partido Laborista del primer ministro Jonas Gahr Støre conservó el poder tras una notable recuperación del apoyo público durante los meses anteriores. El regreso del ex primer ministro y ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como ministro de Hacienda contribuyó a reforzar la credibilidad económica del Gobierno. El Partido Laborista sigue gobernando como administración en minoría, apoyándose en una serie de partidos de centroizquierda, entre los que se incluyen el Partido Socialista de Izquierda, el Partido del Centro, el Partido Rojo y el Partido Verde. La agenda del Gobierno se centra en aliviar las presiones del coste de la vida, reforzar los servicios públicos, mantener un elevado gasto en defensa y hacer frente al aumento de la desigualdad. Como reflejo de estas prioridades, el presupuesto de 2026 introdujo medidas como mayores desgravaciones fiscales personales, menores costes de guardería, mayores prestaciones sociales y financiación adicional para los municipios, la sanidad, los programas de ayuda energética y la defensa. Se prevé una amplia reforma fiscal en 2027, y las próximas elecciones parlamentarias están previstas para septiembre de 2029.

De cara al futuro, el Gobierno se enfrenta al reto de equilibrar los objetivos climáticos a largo plazo de Noruega con la continua dependencia del país del sector del petróleo y el gas. Una comisión de transición examinará las vías para reducir la dependencia de los hidrocarburos a largo plazo y apoyar la transición hacia una economía con menores emisiones de carbono. Sin embargo, el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, las preocupaciones sobre la seguridad energética europea y las perturbaciones en los mercados energéticos mundiales han reforzado la importancia estratégica de los suministros de petróleo y gas noruegos. En consecuencia, el apoyo político para mantener —y, en algunos casos, ampliar— la producción de hidrocarburos sigue siendo significativo, lo que incluye un renovado interés por los proyectos en el Ártico. La inversión en el sector también se ha fortalecido durante 2026, lo que refleja tanto las condiciones favorables del mercado como la continua demanda europea de suministros energéticos fiables. Es probable que estas presiones contrapuestas sigan siendo una característica definitoria de la formulación de políticas noruegas en los próximos años, marcando tanto la política energética como la relación económica más amplia de Noruega con Europa.

Pago

Las transferencias bancarias son, con diferencia, el medio de pago más utilizado. Todos los principales bancos noruegos utilizan la red electrónica BIC/SWIFT, que ofrece un servicio de transferencia internacional de fondos económico, flexible y rápido.

La centralización de cuentas, basada en un sistema local centralizado de cobro y en una gestión simplificada de las transferencias de fondos, también constituye una práctica relativamente habitual.

Los pagos electrónicos, que consisten en la ejecución de órdenes de pago a través de la página web del banco del cliente, están muy extendidos.

Las letras de cambio y los cheques no se utilizan de forma generalizada ni se recomiendan, ya que deben cumplir una serie de requisitos formales para ser válidos. Además, los acreedores suelen negarse a aceptar cheques como medio de pago. Por regla general, ambos instrumentos sirven principalmente para acreditar la existencia de una deuda.

Por el contrario, los pagarés (gjeldsbrev) son mucho más habituales en las transacciones comerciales y ofrecen garantías superiores cuando van acompañados de un reconocimiento inequívoco de la suma adeudada que, en caso de incumplimiento posterior, permitirá al beneficiario obtener un título ejecutivo de un tribunal competente.

Cobro de deudas

Fase amistosa

El proceso de cobro se inicia enviando al deudor un requerimiento de pago del importe principal, más las penalizaciones por intereses acordadas contractualmente, en un plazo de 14 días.

Cuando un contrato no contiene ninguna cláusula de penalización específica, los intereses comienzan a devengarse 30 días después de que el acreedor notifique la reclamación de pago y, desde 2004, se calculan sobre la base del tipo de interés de referencia fijado por el Banco Central de Noruega (Norges Bank) vigente a partir del 1 de enero o del 1 de julio del año en cuestión, incrementada en ocho puntos porcentuales.

A falta de pago o de acuerdo, los acreedores pueden acudir a la Junta de Conciliación (Forliksrådet), un órgano cuasi administrativo. Para acogerse a este procedimiento, los acreedores deben presentar documentos que acrediten su reclamación, cuya cuantía debe estar expresada en coronas noruegas.

A continuación, la Junta de Conciliación concede al deudor un breve plazo para responder a la reclamación presentada antes de oír a las partes, ya sea en persona o a través de sus representantes oficiales (stevnevitne). En esta fase del procedimiento, no se exige sistemáticamente la presencia de abogados. El acuerdo alcanzado será ejecutable de la misma manera que una sentencia.

Procedimientos judiciales

Si no se llega a un acuerdo, el asunto se remite al tribunal de primera instancia para su examen. No obstante, en el caso de las reclamaciones que se consideren válidas, la Junta de Conciliación está facultada para dictar una resolución que tiene la misma fuerza que una sentencia judicial.

Un asunto remitido a un tribunal superior se iniciará con una citación para comparecer ante el tribunal municipal o de distrito. La citación se notificará al deudor, junto con la orden de comunicar al tribunal su intención de defenderse si así lo desea.

Cuando el demandado no responde a la citación en el plazo establecido (unas tres semanas) o no comparece en la vista, la Junta dicta una resolución en rebeldía, que también tiene la fuerza de una sentencia judicial. La duración de los procedimientos varía de un tribunal a otro.

Las demandas más complejas o controvertidas son tramitadas por el tribunal de primera instancia (tingrett). El procedimiento en pleno de este tribunal se basa en pruebas orales y alegaciones escritas. El tribunal examina los argumentos y oye a los testigos de las partes antes de dictar sentencia.

Noruega no cuenta con un sistema de tribunales mercantiles, pero el tribunal de primera instancia es competente para conocer de la enajenación de activos de capital, las sucesiones patrimoniales y los procedimientos de insolvencia.

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Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia nacional es ejecutable durante diez años si ha adquirido firmeza. Si el deudor no cumple la sentencia, el acreedor puede solicitar la ejecución forzosa de la misma a las autoridades de ejecución, que procederán a embargar los bienes y fondos del deudor.

Aunque Noruega no forma parte de la UE, se aplicarán mecanismos de ejecución específicos y ventajosos a las resoluciones dictadas por países de la UE, como los mandamientos de pago de la UE o el título ejecutivo europeo, en el marco del «Régimen de Bruselas». En cuanto a las resoluciones dictadas por países no miembros de la UE, se ejecutarán sobre la base de la reciprocidad, siempre que el país emisor sea parte de un acuerdo bilateral o multilateral con Noruega.

Procedimientos de insolvencia

PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

En Noruega son habituales las reestructuraciones privadas no judiciales, aunque no estén reguladas por ley. Los deudores y los acreedores son libres de llegar a cualquier tipo de acuerdo, pero en la práctica suele aplicarse la Ley de Reestructuración de Deudas y Quiebras. Un tercero (un abogado o un contable) puede encargarse del proceso si así lo desean las partes.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

Este procedimiento solo puede ser iniciado por un deudor que lo desee. Su situación financiera se evalúa con un comité de supervisión designado por el tribunal y se elabora una propuesta de convenio. Si el tribunal da su conformidad, un comité de convenio, así como un administrador designado por el tribunal, gestionarán las operaciones del deudor y redactarán un acuerdo de convenio. Un procedimiento de liquidación de deudas puede dar lugar a una liquidación completa de la deuda, a un convenio de liquidación o al inicio de un procedimiento de quiebra.

PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA

El procedimiento puede iniciarse por resolución judicial, ya sea a instancia del deudor o del acreedor. Este último debe garantizar el pago de los gastos relacionados con el procedimiento. El tribunal nombrará a un administrador concursal y evaluará la necesidad de constituir un comité de acreedores antes de dictar la resolución de quiebra, concediendo a los acreedores un plazo para presentar sus reclamaciones (de tres a seis semanas). Se embargarán todos los bienes del deudor, se evaluará la deuda y se elaborará una lista de créditos admitidos.

Si no se llega a un acuerdo, el caso se remite al tribunal de primera instancia para su examen. No obstante, en el caso de las reclamaciones que se consideren válidas, la Junta de Conciliación está facultada para dictar una resolución que tiene la fuerza de una sentencia judicial. Un caso remitido a un tribunal superior se iniciará con una citación para comparecer ante el tribunal municipal o de distrito. La citación se notificará al deudor junto con una orden para que comunique al tribunal su intención de defenderse, si así lo desea.

Cuando el demandado no responde a la citación en el plazo establecido (unas tres semanas) o no comparece en la vista, la Junta dicta una resolución en rebeldía, que también tiene la fuerza de una sentencia judicial. La duración de los procedimientos varía de un tribunal a otro.

Las demandas más complejas o controvertidas son tramitadas por el tribunal de primera instancia (tingrett). El procedimiento en pleno de este tribunal se basa en pruebas orales y alegaciones escritas. El tribunal examina los argumentos y oye a los testigos de las partes antes de dictar sentencia.

Noruega no cuenta con un sistema de tribunales mercantiles, pero el tribunal de primera instancia es competente para conocer de la enajenación de activos de capital, las sucesiones patrimoniales y los procedimientos de insolvencia.

Última actualización: julio de 2025