Irlanda

La economía nacional sigue mostrando resistencia a pesar de la moderación del crecimiento

Se prevé que la economía irlandesa mantenga un buen comportamiento durante lo que queda de 2026 y hasta bien entrado 2027, aunque es probable que el ritmo de expansión se modere tras varios años de crecimiento excepcionalmente fuerte. La demanda interna sigue constituyendo una base sólida para la actividad económica, respaldada por un mercado laboral que sigue siendo robusto, el aumento de los ingresos de los hogares y una inversión pública sostenida. El consumo de los hogares se ha mantenido resistente en los últimos años, aunque se prevé que el crecimiento del gasto se ralentice a medida que se modere el crecimiento del empleo y la inflación siga lastrando el poder adquisitivo. Las medidas gubernamentales destinadas a limitar el impacto del aumento de los costes energéticos y de la vida deberían proporcionar cierto apoyo a los hogares, mientras que se espera que el gasto público y la inversión sigan siendo importantes motores del crecimiento. También es probable que la inversión empresarial se mantenga fuerte, especialmente en proyectos relacionados con las infraestructuras, la tecnología y los centros de datos. Sin embargo, la contribución del sector multinacional será menor en 2026 que en años anteriores. Tras una importante anticipación de actividades y transacciones durante 2025, es probable que los efectos de base lastren las cifras generales de crecimiento, mientras que un entorno mundial más incierto podría reducir el ritmo de la inversión y la actividad comercial entre las empresas multinacionales.

Aunque la demanda interna debería seguir sustentando el crecimiento, la economía sigue siendo vulnerable a los cambios en el entorno internacional, especialmente dada la importancia de las empresas multinacionales para las exportaciones, la inversión y los ingresos fiscales. La economía abierta de Irlanda y sus fuertes vínculos con Estados Unidos la dejan especialmente expuesta a los cambios en las políticas comerciales, fiscales e industriales de este país. Al mismo tiempo, el moderado crecimiento económico de los principales socios comerciales europeos podría limitar la demanda de exportaciones y la confianza empresarial.

Tras descender en 2025, las insolvencias empresariales se han acelerado de nuevo durante el primer semestre de 2026, con un aumento interanual de alrededor del 5 %. El incremento se ha concentrado en el comercio mayorista y minorista, las tecnologías de la información, la agricultura y la industria manufacturera. De cara al futuro, es probable que las presiones sobre los costes, el debilitamiento de la demanda y el endurecimiento de las condiciones de financiación sigan afectando a las empresas de los sectores vulnerables. Los riesgos siguen siendo especialmente elevados en las industrias con un alto consumo energético, como la química y algunos sectores de la industria manufacturera, así como en el transporte y la logística, donde los márgenes siguen sometidos a presión.

Finanzas públicas sólidas a pesar del aumento del gasto

Se prevé que las finanzas públicas de Irlanda se mantengan sólidas en 2026 y 2027, aunque es probable que los superávits fiscales se reduzcan con respecto a los niveles récord registrados en los últimos años. El Gobierno ha mantenido una política fiscal expansiva, aumentando el gasto en vivienda, sanidad, infraestructuras, inversiones relacionadas con el clima y medidas para hacer frente al coste de la vida. A pesar de ello, los sólidos ingresos fiscales —respaldados por el elevado nivel de empleo y la continua actividad de las multinacionales— deberían garantizar que el sector público se mantenga firmemente en superávit.

En consecuencia, se prevé que la deuda pública siga disminuyendo en relación con el tamaño de la economía, lo que reforzará aún más la situación fiscal de Irlanda. No obstante, los responsables políticos siguen siendo conscientes del riesgo de concentración asociado a los ingresos por el impuesto de sociedades, una proporción significativa de los cuales es generada por un número relativamente reducido de empresas multinacionales. Esta dependencia sigue representando una de las principales vulnerabilidades a largo plazo de las finanzas públicas de Irlanda.

También se prevé que la balanza por cuenta corriente de Irlanda se mantenga en superávit a lo largo de 2026 y 2027. Un amplio superávit comercial de bienes seguirá respaldando la posición exterior, aunque las perspectivas siguen siendo sensibles a la evolución del comercio mundial y a los posibles cambios en las relaciones económicas entre EE. UU. y la UE. Es probable que la balanza de servicios se mantenga, en términos generales, prácticamente equilibrada, aunque con una volatilidad considerable derivada de las transacciones de propiedad intelectual y concesión de licencias de las empresas multinacionales. Por su parte, se prevé que la balanza de rentas primarias siga siendo estructuralmente negativa debido a la repatriación de beneficios por parte de empresas de propiedad extranjera. A pesar de estas distorsiones, la posición exterior subyacente de Irlanda sigue siendo sólida, respaldada por la competitividad de su sector exportador y las continuas entradas de inversión extranjera directa.

La estabilidad política favorece la continuidad de las políticas

Las elecciones generales de noviembre de 2024 dieron lugar a la continuación de una configuración de gobierno en líneas generales similar, con el Fianna Fáil y el Fine Gael formando un gobierno de coalición respaldado por un grupo de diputados independientes. Aunque el Sinn Féin aumentó su representación parlamentaria en comparación con las elecciones anteriores, sus resultados electorales no alcanzaron las expectativas y, desde entonces, las encuestas de opinión apuntan a un panorama de la oposición más fragmentado. Las encuestas recientes indican que los avances de los partidos de la oposición han beneficiado cada vez más a los partidos más pequeños de centroizquierda, incluidos los socialdemócratas, y no solo al Sinn Féin. Las próximas elecciones generales deberán celebrarse a más tardar en enero de 2030.

Las prioridades del Gobierno siguen centradas en abordar los retos de larga data en materia de vivienda, sanidad e infraestructuras, al tiempo que se responde a las condiciones geopolíticas cambiantes. La política de defensa y seguridad ha cobrado mayor importancia en los últimos años, con un aumento de la financiación destinada a modernizar las capacidades de defensa de Irlanda y reforzar la cooperación con los socios europeos. Aunque se prevé que el gasto en defensa aumente de forma constante en los próximos años, seguirá siendo modesto en términos europeos como porcentaje del PIB. A pesar de una cooperación más estrecha en materia de seguridad tanto con la Unión Europea como con el Reino Unido, la política de neutralidad militar que Irlanda mantiene desde hace tiempo se mantiene prácticamente sin cambios, lo que hace poco probable la adhesión a la OTAN en un futuro previsible.

Pagos

Los cheques siguen utilizándose tanto en transacciones comerciales nacionales como internacionales; sin embargo, para las transacciones internacionales se prefiere el uso de letras de cambio, junto con las cartas de crédito. Las transferencias bancarias son habituales, y las transferencias SWIFT se utilizan con frecuencia. Los débitos directos y las órdenes permanentes también están ganando reconocimiento como método de pago eficaz y resultan especialmente útiles para las transacciones nacionales. La cesión de facturas se acepta tanto antes como después del suministro de bienes y/o servicios.

Cobro de deudas

A falta de una cláusula específica sobre intereses, el tipo aplicable a los contratos comerciales celebrados después del 7 de agosto de 2002 (Reglamento n.º 388 de 2002) es el tipo de referencia (el tipo de refinanciación del Banco Central Europeo, vigente antes del 1 de enero o del 1 de julio del año correspondiente), incrementado en siete puntos porcentuales y aplicado a los contratos mediante un porcentaje calculado por cada día de demora. En el caso de reclamaciones que superen los 1 270 €, se podrá amenazar a los deudores con una «notificación judicial» para la liquidación (cierre) de su empresa si no efectúan el pago o llegan a un acuerdo aceptable en un plazo de tres semanas tras recibir una notificación judicial de pago (un «plazo de 21 días»).

Fase amistosa

El proceso de cobro de deudas suele comenzar con el envío al deudor de un requerimiento de pago, seguido de una serie de comunicaciones escritas adicionales, llamadas telefónicas, visitas personales y reuniones con el deudor. Si las dos partes no logran alcanzar un acuerdo amistoso, el acreedor puede iniciar un procedimiento judicial.

Procedimientos judiciales

Si el demandado no responde en el plazo establecido a una citación judicial (ya sea una citación plenaria o sumaria ante el Tribunal Superior, una demanda civil ante el Tribunal de Circuito o una citación civil ante el Tribunal de Distrito), el acreedor podrá obtener una sentencia en rebeldía basándose en la presentación de una declaración jurada de deuda sin necesidad de vista judicial. Una declaración jurada de deuda es una declaración bajo juramento que acredita el importe pendiente y el fundamento de la reclamación. Lleva una firma certificada por un notario o una oficina consular irlandesa. El importe de la reclamación determinará el tribunal competente: el Tribunal de Distrito, a continuación el Tribunal de Circuito y, para reclamaciones que superen los 38 092,14 €, el Tribunal Superior de Dublín, que tiene competencia ilimitada para conocer de asuntos civiles y penales y para evaluar, en primera instancia, la constitucionalidad de las leyes promulgadas por el Parlamento (Oireachtais).

Procedimiento acelerado 

En cualquiera de los tres tribunales, si la deuda es cierta e indiscutible, también es posible solicitar una sentencia sumaria por vía rápida ante el tribunal competente.

Tribunal de Distrito: importes de hasta 6 348 €

En el caso de las deudas impugnadas, se notifica al deudor una citación civil, en la que se exponen los motivos de la demanda y el importe que se alega que se adeuda. A continuación, el deudor presenta un «Aviso de intención de defenderse», en el que indica que tiene intención de impugnar el caso, momento en el que el tribunal fija una fecha para la vista. El caso se tramita ante un juez, que decide si dicta una resolución (un «decreto»).

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En este caso, se entrega un escrito civil al deudor, quien presenta un escrito de comparecencia (documento formal en el que el deudor manifiesta su intención de comparecer). A continuación, el deudor solicita formalmente, mediante la presentación de un escrito de solicitud de aclaraciones, información sobre la reclamación, que debe facilitar el acreedor. El deudor debe presentar una contestación a la demanda dentro del plazo establecido. A continuación, el acreedor envía al demandado una notificación formal en la que le informa de la fecha de la vista. Durante dicha vista, cada parte defiende su caso y el juez dicta una resolución.

Tribunal Superior: para importes superiores a 38 093 EUR

Tribunal Superior: importes superiores a 38 093 EUR

Ante el Tribunal Superior, se notifica una citación sumaria al deudor, quien a continuación presenta un escrito de comparecencia. El acreedor presenta una solicitud al magistrado del Tribunal Superior para que dicte sentencia mediante una moción y con el respaldo de una declaración jurada. El deudor puede responder a la demanda mediante una declaración jurada. Si el magistrado considera que la deuda es exigible y adeudada, se concede autorización para dictar sentencia definitiva. Sin embargo, si el secretario judicial considera que el deudor plantea una controversia genuina, el asunto se remite a una vista plenaria. Durante la vista plenaria, se examinan los fundamentos del asunto, ya sea mediante pruebas orales o declaraciones juradas. Un tribunal del Tribunal Superior conoce del asunto y dicta una resolución.

El tribunal mercantil —una sala especial del Tribunal Superior, creada en 2004— es competente para conocer de los litigios mercantiles que superen el millón de euros, incluidos en una lista mercantil, o de los asuntos relativos a la propiedad intelectual, y está capacitado para llevar a cabo un examen adecuado y rápido de los asuntos que se le someten. A discreción del juez mercantil, el procedimiento puede aplazarse hasta 28 días para que las partes puedan recurrir a prácticas alternativas de resolución de litigios, como la conciliación o la mediación.

Normalmente, la obtención de una resolución puede tardar un año. Sin embargo, este plazo puede duplicarse si se requiere la ejecución forzosa. Los recursos de apelación interpuestos ante el Tribunal Supremo pueden prolongarse otros tres años.

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Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia es ejecutable tan pronto como adquiera carácter definitivo. Si el deudor no cumple la sentencia, el acreedor puede solicitar al tribunal competente que ordene la ejecución mediante el embargo y la venta de los bienes del deudor por parte del sheriff. También existe la posibilidad de obtener el pago de una deuda a través de un tercero que tenga una deuda con el deudor (orden de embargo de terceros).

En el caso de las resoluciones extranjeras, la ejecución depende de si la resolución se ha dictado en un Estado miembro de la UE o en un país fuera de la UE. En el primer caso, Irlanda ha adoptado mecanismos de ejecución, como la orden de pago de la UE o el título ejecutivo europeo cuando la reclamación es indiscutible.

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Procedimientos de insolvencia

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PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Pueden llevarse a cabo negociaciones informales, y cualquier acuerdo debe ser aprobado por unanimidad por todos los acreedores.

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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

La administración judicial es un proceso legal irlandés mediante el cual se obtiene la protección judicial para facilitar la supervivencia de una empresa; a continuación, la empresa puede reestructurarse con la aprobación del Tribunal Superior. Prevé un plazo máximo de 100 días durante el cual un funcionario designado por el tribunal (el examinador) asume el control de la empresa y la gestiona para que pueda seguir operando. El procedimiento puede ser iniciado por la empresa, sus administradores o uno de sus acreedores. Una vez nombrado el examinador, no se podrá iniciar ningún procedimiento contra la empresa. Sus funciones consisten en examinar la situación de la empresa y formular propuestas para su supervivencia. El examinador debe formular propuestas de acuerdo o plan de reestructuración para facilitar la supervivencia de la entidad en cuestión como empresa en funcionamiento. Estas propuestas pueden ser aceptadas por los acreedores, pero deben ser validadas por el tribunal.

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Este procedimiento se aplica en el contexto de los acreedores garantizados y establece un marco en el que estos pueden actuar para hacer valer su garantía real. Un administrador judicial es designado para una empresa, ya sea por un titular de obligaciones o por el tribunal, para asumir el control de los activos de la empresa, con el fin de garantizar el reembolso de la deuda contraída con el titular de las obligaciones, ya sea mediante la percepción de ingresos o la realización del valor del activo gravado.

LIQUIDACIÓN

Proceso definitivo mediante el cual una empresa se liquida y se disuelve; este proceso lo lleva a cabo un liquidador, que toma posesión de los activos y distribuye el producto de su venta de acuerdo con el orden de prioridad de pago. El liquidador también está obligado a investigar la conducta de los administradores de la empresa y a elaborar un informe para la Oficina del Director de Ejecución Corporativa (ODCE). En función de la opinión de esta, también se le puede exigir al liquidador que inicie procedimientos de restricción contra uno o varios de los administradores. El procedimiento puede ser iniciado por un tribunal competente (liquidación judicial), por los acreedores (liquidación voluntaria por los acreedores) o por los deudores (liquidación voluntaria por los socios).

Última actualización: 06/07/2025