Guatemala

Crecimiento económico más lento, pero aún sólido, en 2026

En 2025, la economía de Guatemala registró un comportamiento notablemente sólido, con un crecimiento económico anual del 3,9 %. Este resultado reflejó la resiliencia de la actividad interna en un entorno externo difícil, marcado por las tensiones comerciales mundiales, los cambios en la política de inmigración de EE. UU. y las incertidumbres geopolíticas más generales. El principal motor fue la entrada de remesas, que siguió acelerándose de forma pronunciada a lo largo del año, situándose en niveles significativamente por encima de su media histórica. Las remesas representan aproximadamente el 19 % del PIB guatemalteco, lo que las convierte en uno de los principales pilares del consumo de los hogares y de la demanda agregada. Su dinamismo tuvo su origen en factores potencialmente adversos: los trabajadores guatemaltecos residentes en EE. UU. acabaron adelantando sus envíos de remesas ante el elevado riesgo de deportación y la inminente aplicación de un impuesto sobre las remesas a principios de 2026.

Se prevé que la economía guatemalteca experimente una desaceleración moderada en 2026. Este ritmo refleja un ajuste natural tras la expansión acelerada de 2025. El principal factor detrás de esta moderación es el debilitamiento previsto de los flujos de remesas, que influyen directamente en el consumo de los hogares, especialmente en el caso de los grupos de bajos ingresos. Aunque el efecto de anticipación mencionado anteriormente se disipará lentamente, a principios de 2026 aún se registró una resistencia significativa en los flujos de remesas. La inflación relativamente contenida, debido a la aplicación de un subsidio al combustible, contribuirá en cierta medida a proteger el poder adquisitivo de los hogares, mitigando parcialmente el impacto de la desaceleración de las remesas. Además, la posibilidad de un acuerdo comercial complementario con EE. UU., además del alcanzado en enero de 2026 que establece aranceles cero para el 70 % de las exportaciones, beneficiaría especialmente a la industria textil y de la confección. La ventaja arancelaria frente al sudeste asiático podría impulsar un movimiento de «nearshoring».

La política fiscal de 2026 respalda la expansión presupuestaria

De no ser por el gasto inferior al previsto, el Gobierno habría cerrado el año 2025 con un déficit fiscal estimado del 3,7 % del PIB, con un gasto previsto del 16,3 % del PIB —muy por encima de la media histórica—. Los ingresos se mantuvieron en torno al 12,6 % del PIB, lo que refleja la continua expansión de la economía real, pero sin aumentos significativos de los impuestos. Este resultado ya supuso una desviación del perfil tradicionalmente austero de las finanzas públicas guatemaltecas, lo que apuntaba a nuevas prioridades del Gobierno. Esta tendencia expansionista se ha confirmado para 2026. El Gobierno logró que el Congreso aprobara en enero un proyecto de ley de presupuestos ampliado equivalente a alrededor del 17 % del PIB. La votación supuso una victoria política, ya que anuló una decisión del Tribunal Constitucional que había suspendido el presupuesto de 2026, aprobado inicialmente a finales de 2025. Con el nuevo presupuesto en vigor, el déficit fiscal previsto es mayor. Se espera que los ingresos aumenten modestamente, respaldados por la continua expansión de la economía real. Aunque el Gobierno se ha fijado el objetivo de aumentar el cumplimiento tributario y mejorar las prácticas de recaudación en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los cambios institucionales en este ámbito se han enfrentado a dificultades de implementación, y el aumento de los ingresos no provendrá de subidas de impuestos, ya que la mayoría del Congreso —donde los empresarios están bien representados— se opone a esta medida. El gasto en 2026 se centrará en reforzar los Ministerios de Educación y Sanidad, en consonancia con las promesas centrales de la campaña de Arévalo, y en ampliar la red de protección social —incluidos los subsidios para el combustible y los servicios públicos, así como los programas de transferencias monetarias para familias con bajos ingresos—. Un aspecto que merece atención es el crecimiento de las denominadas «obligaciones del Estado a cargo del Tesoro». Una parte significativa de estas —que representa el 10 % del presupuesto— se destina a transferencias corrientes y de capital a los gobiernos locales, en particular a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Estos fondos, sobre los que los políticos locales y los alcaldes ejercen un mayor control directo, han sido objeto de un escrutinio recurrente debido a los sobrecostes, los retrasos en los proyectos y la falta de transparencia en su ejecución. En 2025, el presidente Arévalo se opuso a ampliar estas transferencias precisamente debido a estas preocupaciones. El hecho de que el presupuesto de 2026 aumentara la financiación destinada a los Codedes —aunque con mecanismos de supervisión adicionales— sugiere que hubo que hacer concesiones políticas para permitir la aprobación del presupuesto nacional.

La política monetaria llevada a cabo por el Banco de Guatemala (BanGuat) ha mantenido una trayectoria de flexibilización gradual y moderada a lo largo de 2025 y principios de 2026 (de -100 pb a 3,5 %), en un contexto de inflación persistentemente baja, por debajo del rango objetivo del 3,0 %-5,0 %, y de estabilidad del tipo de cambio. Debido al aumento de la inflación, en los meses restantes de 2026 podría producirse una pausa, en consonancia con la política de la Reserva Federal de EE. UU. Dado que las reservas internacionales representan más de 10 meses de importaciones, el banco central dispone de margen para gestionar las presiones sobre el tipo de cambio sin recurrir a ajustes en el tipo de interés, lo que refuerza la percepción de estabilidad de su política monetaria.

Dado que las importaciones superan de forma constante y considerable a las exportaciones de bienes, el país depende del importante flujo de remesas de los expatriados, que compensan con creces este desequilibrio. En 2025, las remesas ascendieron a aproximadamente 25 530 millones de dólares, y este flujo se consolidó como el pilar de las cuentas exteriores del país. Como resultado, la balanza por cuenta corriente volvió a cerrar el año en territorio positivo. El turismo, que generó 1.34 mil millones de dólares en 2025, también contribuye a equilibrar la balanza de pagos.

Los retos políticos y la seguridad pública, en la agenda del Gobierno

Bernardo Arévalo asumió la presidencia en enero de 2024 con un programa progresista, social, anticorrupción y de prevención del crimen organizado. Sin embargo, Movimiento Semilla, el partido que lo llevó al poder, solo logró obtener 23 escaños de un total de 160. Además, la disolución del partido por parte del poder judicial en marzo de 2026, debido a irregularidades durante su creación, ha complicado aún más las cosas. Ninguna organización política podrá utilizar el nombre, el símbolo ni el emblema de Semilla durante los próximos diez años. La disolución formal, sin embargo, no supone el fin del proyecto político. Los diputados elegidos inicialmente bajo la bandera de Semilla se dividieron en dos bloques: 14 fundaron el nuevo partido Raíces, liderado por Samuel Pérez, con una orientación socialdemócrata en continuidad directa con la plataforma original de Semilla —con más de 20 700 firmas de afiliados ya presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral—. Los diputados restantes mantuvieron su apuesta por recuperar, en vano, el registro original mediante recursos constitucionales. En el ámbito legislativo, el Gobierno puede, paradójicamente, aprovechar la fragmentación política para reunir el apoyo suficiente de grupos de centroizquierda, de centro y de centroderecha con el fin de respaldar parte de su agenda social y de seguridad. En el frente electoral, Raíces ofrece una plataforma de cara a 2027, pero se enfrenta al reto de consolidar su estructura en poco más de un año y resistir posibles nuevos recursos judiciales por parte de las mismas redes judiciales que provocaron la disolución de Semilla.

La seguridad pública se ha convertido en uno de los principales retos a los que se enfrentan las autoridades, pasando a ser una de las principales fuentes de inestabilidad institucional y política en el país. Lo que comenzó como una cuestión secundaria en el marco de la agenda anticorrupción del Gobierno se convirtió rápidamente en una crisis aguda, con la fuga de líderes de bandas y disturbios en las cárceles en los que se vieron implicadas las bandas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13). El ministro del Interior y dos de sus adjuntos fueron destituidos tras la presión pública. Sin embargo, la gravedad de estos episodios puso fin al estancamiento legislativo, ya que el Congreso aprobó una ley de seguridad que clasificaba al Barrio 18 y a la MS-13 como organizaciones terroristas y endurecía las penas por pertenecer a estos grupos. En el ámbito exterior, el Gobierno de Arévalo ha encontrado en la Administración Trump un socio dispuesto a colaborar. Su enfoque en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico allana el camino para la extradición de líderes de bandas —siguiendo el modelo aplicado en México— y para una posible ampliación de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La lucha contra la corrupción y por el respeto al Estado de derecho es el punto más destacado y en el que menos se avanza de la agenda presidencial. La elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC) a principios de 2026 puso de manifiesto los límites del Gobierno de Arévalo en su agenda de renovación institucional. El resultado consolidó su mayoría conservadora, alineada con la clase dirigente política y empresarial tradicional. El fiscal general y el director de la Fiscalía General, que fue una figura clave en los intentos fallidos de anular la elección de Arévalo, fue finalmente sustituido en mayo de 2026. Se espera que a lo largo del año se renueven otros cargos judiciales y de la fiscalía.

Última actualización: mayo de 2026