Francia

Hacia un período preelectoral marcado por una actitud de espera, ante unas elecciones más inciertas que nunca

En 2026, la actividad económica siguió desacelerándose. La recuperación en curso de las exportaciones aeroespaciales solo compensó parcialmente la desaceleración de la inversión empresarial, en un contexto de incertidumbre (geo)política. Afectado por el fuerte aumento de la inflación —impulsado principalmente por los costes energéticos—, el consumo de los hogares se mantuvo estancado. El año 2027 estará dominado en gran medida por las elecciones presidenciales de abril y mayo, a las que probablemente seguirán nuevas elecciones parlamentarias. El período preelectoral se caracterizará por una considerable incertidumbre política y fiscal, dado que la contienda está muy abierta y los programas electorales de los posibles ganadores son diametralmente opuestos. En este contexto, el ahorro preventivo seguirá siendo muy elevado, lo que impedirá cualquier repunte significativo del consumo de los hogares. A pesar de la moderación de la inflación, el crecimiento de los salarios reales es incierto en esta ocasión, dado que el mercado laboral es significativamente menos favorable que en 2022-2023.

La incertidumbre política y fiscal también llevará a las empresas a adoptar una actitud de espera. Esto es aún más probable si se tiene en cuenta que muchas de ellas comenzarán 2027 en una situación de flujo de caja (muy) difícil, tras haberse visto afectadas por la subida de los tipos de interés y, sobre todo, por el aumento de los costes de los insumos en 2026. Esta actitud de esperar y ver podría afectar a la creación de empleo y a la inversión en el período previo a las elecciones. La recuperación de la demanda de los hogares y las empresas dependerá entonces en gran medida del resultado de las elecciones y de la disminución de la incertidumbre política. Las quiebras empresariales seguirán aumentando, tras haber superado la barrera de las 70 000 (en 12 meses) a finales de junio de 2026 —casi un 50 % más que antes de la pandemia—. Si bien la falta de una mayoría estable hace poco probable que se aprueben medidas presupuestarias significativas —y, en última instancia, una reducción del gasto—, ya no se espera que el gasto público sea un motor de crecimiento en 2027. Es probable que la débil demanda interna limite las importaciones; sin embargo, se prevé que continúen los flujos sustanciales procedentes de China. En el ámbito de las exportaciones, los sectores farmacéutico, de defensa y, sobre todo, aeroespacial mantendrán su tendencia positiva. Por el contrario, la mayoría de los demás sectores seguirán atravesando dificultades, y sus exportaciones dependerán, en particular, de la incierta recuperación de la economía alemana.

Las finanzas públicas siguen en números rojos

La falta de una mayoría sólida desde las elecciones generales de 2025 seguirá impidiendo cualquier consolidación significativa de las finanzas públicas. Al igual que en 2025 y 2026, es probable que las negociaciones sean difíciles y que el presupuesto de 2027 se apruebe con retraso, cuando el año ya esté muy avanzado. En cualquier caso, la fragmentación de la Asamblea Nacional no permitirá ni recortes significativos del gasto ni subidas bruscas de los impuestos. A falta de un presupuesto para 2027, se prorrogará el presupuesto del año anterior. Por lo tanto, el déficit público se mantendrá —en el mejor de los casos— estable en torno al 5 % del PIB. Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales y las (muy) probables elecciones parlamentarias, es probable que el nuevo Gobierno intente aprobar un presupuesto rectificativo una vez en el poder. Mientras tanto, los pagos por intereses seguirán aumentando rápidamente a raíz de los costes de financiación, que actualmente se encuentran entre los más elevados de las principales economías de la zona del euro. La deuda pública seguirá aumentando rápidamente, hasta superar finalmente el 120 % del PIB. Su sostenibilidad seguirá siendo uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía francesa, en un contexto de inestabilidad política e incertidumbre que quizá no se resuelva por completo para 2027, a pesar de las importantes elecciones previstas para ese año.

Se prevé que el déficit por cuenta corriente se mantenga moderado en 2027. Las exportaciones seguirán impulsadas por los sectores aeroespacial, de defensa y farmacéutico. Las importaciones dependerán en gran medida de la evolución de los precios del petróleo, que se espera que bajen, aunque seguirán estando sujetas a los acontecimientos geopolíticos. El superávit de la balanza de servicios (1,5 % del PIB) es insuficiente para compensar el déficit de la balanza de bienes (-1,9 % del PIB). El déficit por cuenta corriente se financia mediante la emisión de deuda o la compra de acciones cotizadas por parte de no residentes. A finales de marzo de 2026, los no residentes poseían más de la mitad de los valores emitidos por las administraciones públicas (56 %), las sociedades no financieras (63 %) y los bancos franceses (71 %).

Las elecciones de 2027, tan importantes como reñidas

El presidente Macron, del partido de centro-liberal «Renacimiento», que lleva en el poder desde 2017, fue reelegido para un segundo mandato en abril de 2022. Aunque volvió a alzarse con la victoria en la segunda vuelta frente a Marine Le Pen, del Agrupamiento Nacional (RN, extrema derecha), el resultado fue más reñido en esta ocasión (58,5 % frente a 41,5 %, frente al 66 % frente al 34 % de 2017). En las elecciones parlamentarias que se celebraron dos meses después, su partido solo obtuvo 170 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional. Su alianza con otros dos partidos de centro-derecha le permitió conseguir un total de 250 escaños. Al carecer de mayoría, el Gobierno se vio obligado a aprobar presupuestos y reformas sin someterlos a votación en la Asamblea Nacional, exponiéndose al riesgo de una posible moción de censura. En junio de 2024, tras la aplastante victoria del RN en las elecciones europeas, el presidente Macron decidió disolver la Asamblea Nacional. Las elecciones generales posteriores dieron lugar a una Asamblea Nacional más fragmentada que nunca, dividida en tres bloques, ninguno de los cuales contaba con mayoría absoluta. La alianza de izquierdas NFP obtuvo 192 escaños (incluidos 72 del partido de extrema izquierda LFI), la coalición centrista Ensemble, 164, y el RN, 143. El presidente Macron nombró primer ministro a Michel Barnier (LR, derecha), quien fue destituido por la Asamblea Nacional en diciembre de 2024; le siguió el centrista François Bayrou, que fue destituido en septiembre de 2025.

Su sucesor, Sébastien Lecornu (centrista), dimitió rápidamente en octubre de 2025 debido al estancamiento de las negociaciones sobre el presupuesto de 2026. Posteriormente, fue reelegido para su cargo y logró sacar adelante un presupuesto minimalista en febrero de 2026, una vez pasado el plazo. Al igual que sus predecesores, se enfrenta a la amenaza constante de un voto de censura, y es posible que se repita un escenario similar con el presupuesto de 2027.

Esta incertidumbre política persistirá —como mínimo— hasta las elecciones presidenciales del 18 de abril, cuyo resultado sigue sin estar decidido. A menos de un año de las elecciones, aunque todas las encuestas apuntan a que Marine Le Pen pasará a la segunda vuelta con alrededor del 35 % de los votos, la identidad del otro finalista sigue siendo incierta. Varios candidatos se acercan o incluso superan la barrera del 10 %: Jean-Luc Mélenchon (LFI), los ex primeros ministros de centro-derecha Edouard Philippe y Gabriel Attal, o incluso uno de los candidatos que podría surgir de unas posibles primarias que abarquen desde la izquierda hasta el centro-izquierda. El resultado es aún más incierto si se tiene en cuenta que se esperan numerosas retiradas entre los 23 candidatos que ya habían anunciado su candidatura en el verano de 2026. Aunque se prevé que la segunda vuelta sea extremadamente reñida, no se puede descartar en ningún caso una victoria del RN. Una victoria del RN —o de LFI— supondría una convulsión sin precedentes en un contexto de importante exposición de la deuda francesa a los mercados financieros. Sea cual sea el resultado de estas elecciones, parece inevitable el escenario de que, a raíz de ellas, se disuelva la Asamblea Nacional y se convoquen nuevas elecciones parlamentarias. Sin embargo, dada la fragmentación y la polarización del panorama político, no hay garantía de que de estas elecciones surja una mayoría estable. En consecuencia, el riesgo de inestabilidad política seguirá siendo especialmente elevado a corto plazo y, posiblemente, también a medio plazo, tras las importantes elecciones de 2027.

Pagos

Las tarjetas bancarias son actualmente la forma de pago más utilizada en Francia, aunque los cheques siguen siendo muy habituales. En términos de importe, los cheques y las transferencias siguen siendo las formas de pago más populares.

Si un cheque permanece impagado durante más de 30 días a partir de la fecha de su primera presentación, el beneficiario puede obtener inmediatamente un título ejecutivo (sin necesidad de más trámites ni costes). Esto se basa en un certificado de impago expedido por el banco del acreedor, tras un segundo intento infructuoso de presentar el cheque para su cobro y cuando el deudor no haya aportado prueba de pago en un plazo de 15 días a partir de la recepción de un requerimiento de pago notificado por un agente judicial (artículo L.131?73 del Código Monetario y Financiero).

Las letras de cambio, un método de pago mucho menos utilizado, son cada vez menos frecuentes en cuanto al número de operaciones, aunque siguen siendo importantes en términos de valor total. Las letras de cambio siguen siendo una solución atractiva para las empresas, ya que pueden descontarse o cederse y, por lo tanto, constituyen una valiosa fuente de financiación a corto plazo. Además, los acreedores pueden utilizarlas para iniciar procedimientos judiciales en materia de «derecho cambiario» (droit cambiaire) y resultan especialmente adecuadas para el pago a plazos.

Las transferencias bancarias para pagos nacionales o internacionales pueden realizarse a través de la red electrónica SWIFT utilizada por el sistema bancario francés. SWIFT ofrece una plataforma fiable para pagos rápidos, pero requiere confianza mutua entre los proveedores y sus clientes. Francia también forma parte de la red SEPA.

Cobro de deudas

Salvo que se indique lo contrario en las condiciones generales de venta, o se acuerde entre las partes, los plazos de pago se fijan en treinta días a partir de la fecha de recepción de la mercancía o de la prestación de los servicios solicitados. Los tipos de interés y las condiciones de aplicación deben estipularse en el contrato; de lo contrario, el tipo de interés aplicable es el que aplica el Banco Central Europeo en sus operaciones de refinanciación más recientes. Durante el primer semestre del año en cuestión, el tipo aplicable es el vigente el 1 de enero, y para el segundo semestre del año en cuestión, el tipo aplicable es el vigente el 1 de julio.

Fase de resolución amistosa

Durante esta fase, el acreedor y el deudor intentan alcanzar una solución amistosa mediante contacto directo con el fin de evitar procedimientos judiciales. Se analizan todos los documentos firmados entre las partes (como contratos y facturas). Siempre que sea posible, se puede conceder al deudor una prórroga para saldar sus deudas, negociándose la duración de dicha prórroga como parte del acuerdo amistoso.

Procedimientos judiciales

Orden de pago (injonction de payer)

Cuando una reclamación de deuda se deriva de un compromiso contractual y es a la vez líquida e indiscutible, los acreedores pueden recurrir al procedimiento de orden de pago (injonction de payer). Este sistema flexible utiliza formularios preimpresos y no exige a los solicitantes que expongan sus argumentos ante un tribunal de primera instancia (tribunal d’instance) o ante un tribunal mercantil competente (con jurisdicción sobre el distrito en el que se encuentran los domicilios sociales del deudor). Mediante este procedimiento, los acreedores pueden obtener rápidamente una orden judicial que, a continuación, es notificada por un agente judicial. El demandado dispone entonces de un plazo de un mes para impugnar el caso.

Procedimiento de urgencia

El «référé-provision» ofrece a los acreedores un medio rápido para el cobro de deudas. Si el deudor no comparece ni está representado durante la vista, puede dictarse una sentencia en rebeldía. A continuación, el tribunal dicta una resolución, normalmente en un plazo de siete a catorce días (aunque es posible que se dicten resoluciones el mismo día). La competencia se limita a las deudas que no puedan ser objeto de impugnación sustantiva. Si surgen dudas graves sobre el importe de la deuda, el juez de lo sumario no tiene competencia para dictar una resolución favorable. Las sentencias pueden ejecutarse de inmediato, incluso si el deudor interpone un recurso de apelación.

Si una reclamación resulta ser litigiosa, el juez designado para conocer de asuntos urgentes (juge des référés) evalúa si la reclamación está bien fundada. Si procede, el juez puede decidir posteriormente declararse incompetente para pronunciarse sobre el caso. En función de su valoración sobre la validez del caso, puede entonces invitar al demandante a solicitar una resolución mediante procedimientos judiciales formales.

Procedimientos ordinarios

Los procedimientos formales de este tipo permiten que el tribunal reconozca la validez de una reclamación. Se trata de un proceso relativamente largo que puede durar un año o más, debido al énfasis que se pone en el carácter contradictorio del procedimiento y a las numerosas fases que conlleva. Estas fases incluyen la presentación de documentos justificativos, los escritos de las partes litigantes, el examen de las pruebas, diversos receses para deliberaciones y, finalmente, la vista para los alegatos orales (audience de plaidoirie).

El procedimiento se inicia mediante un auto de citación (Assignation), que se notifica al deudor quince días antes de la primera vista procesal. Durante esta vista, el tribunal fija un plazo para el intercambio de alegaciones y la presentación de pruebas. Las resoluciones dictadas no son necesariamente ejecutables de inmediato. Para que puedan ejecutarse, deben notificarse primero al deudor. Además, están sujetas a recurso de apelación.

Ejecución de una resolución judicial

A menos que la resolución judicial sea ejecutable provisionalmente, la ejecución solo puede iniciarse si no se interpone recurso de apelación en el plazo de un mes y debe llevarse a cabo en un plazo de diez años a partir de la notificación de la resolución judicial. Se puede solicitar la ejecución forzosa si el deudor no cumple la sentencia. Las obligaciones de pago pueden ejecutarse mediante embargo (de cuentas bancarias o activos) o a través de un tercero que deba dinero al deudor (embargo de terceros).

Francia ha adoptado mecanismos de ejecución de las resoluciones dictadas por otros Estados miembros de la UE. Entre estos mecanismos se incluye el «orden de pago» en el marco del «título ejecutivo europeo». Las resoluciones dictadas por países no miembros de la UE pueden reconocerse y ejecutarse, siempre que el país emisor sea parte de un acuerdo bilateral o multilateral con Francia. A falta de un acuerdo, los demandantes están obligados a recurrir al procedimiento francés de exequátur.

Procedimientos de insolvencia

La legislación francesa en materia de insolvencia prevé seis procedimientos para llevar a cabo la reestructuración o evitar la insolvencia. Se trata de procedimientos asistidos o controlados por el tribunal.

PROCEDIMIENTOS ASISTIDOS

Pueden ser procedimientos ad hoc por mandato o mediante procedimientos de conciliación. Ambos son procedimientos informales y amistosos, en los que no se puede obligar a los acreedores a aceptar un acuerdo de reestructuración y la dirección de la empresa sigue gestionando el negocio. Estas negociaciones se rigen por el derecho contractual durante toda su duración. Los procedimientos se llevan a cabo bajo la supervisión de un profesional designado por el tribunal (un «mandataire ad hoc» o un conciliador) con el fin de ayudar al deudor a alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Ambos tipos de procedimientos son confidenciales, pero la conciliación puede hacerse pública en última instancia si el deudor cuenta con la autorización del tribunal de lo mercantil. No obstante, los términos y condiciones de los acuerdos siguen siendo confidenciales y solo pueden revelarse a las partes firmantes.

PROCEDIMIENTOS CONTROLADOS POR LOS TRIBUNALES

Los cuatro tipos de procedimientos controlados por los tribunales son la reorganización judicial, la liquidación judicial, la «sauvegarde» y el procedimiento de «sauvegarde financiera acelerada» (AFS).

En los cuatro procedimientos, cualquier reclamación presentada con anterioridad queda automáticamente suspendida. Los acreedores deben presentar la justificación de sus reclamaciones en un plazo de dos meses a partir de la publicación de la sentencia de apertura, o de cuatro meses en el caso de los acreedores ubicados fuera de Francia. Las deudas que surjan tras el inicio del procedimiento tienen prioridad sobre las contraídas con anterioridad. El tribunal puede anular determinados tipos de operaciones si el deudor las ha realizado durante un período de «endurecimiento» (antes de que se dicte una resolución por la que se inicie una reorganización judicial o una liquidación judicial).

En los procedimientos controlados por el tribunal puede haber variaciones en el grado de participación del conciliador designado por el tribunal. Los procedimientos de «sauvegarde» y AFS son procedimientos en los que el deudor conserva la gestión de la empresa, pero en el caso de la reorganización judicial, el tribunal puede decidir si destituye a los directivos de la empresa. El papel de la dirección se ve especialmente reducido en los casos de liquidación judicial, ya que la empresa deudora suele dejar de ejercer su actividad. No obstante, el tribunal puede decidir que una empresa continúe operando bajo la supervisión de un liquidador designado por el tribunal.

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Última actualización: julio de 2026